El Senado de la Nación aprobó, el miércoles, la nueva Ley Nacional de Salud Mental que establece el derecho a recibir atención integral como una cuestión de Derechos Humanos.
El presidente del INADI, Claudio Morgado, uno de los impulsores de la nueva norma, remarcó que “esta ley amplía los derechos y libertades de las personas con discapacidades psicosociales y permite luchar contra la estigmatización social de quienes tuvieron que pasar por un centro de internación o aún permanecen en ellos”.
Su aprobación es producto de un proceso colectivo de trabajo, debate y aportes de muchos actores, incluyendo a organismos de DDHH, asociaciones de usuarios y familiares de personas por la salud mental, asociaciones de profesionales, referentes del campo de la salud mental, los derechos humanos y la justicia nacionales e internacionales, además del trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a cargo de Yago Di Nella.
La ley sancionada ayer “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“La aplicación de esta norma implica mejoras sustanciales en el acceso a la atención integral de la salud mental no sólo para las personas con discapacidades psicosociales, sino también para otros grupos sociales vulnerados, como los adultos mayores y personas en situación de pobreza”, afirmó el presidente del INADI, Claudio Morgado.
Además, agregó que “esta nueva ley amplía el ejercicio de esos derechos y libertades, e implica un avance significativo en la superación de la estigmatización social hacia quienes en algún momento de sus vidas tuvieron que pasar por un centro de internación. Su aprobación se suma a otros avances legislativos y de políticas públicas recientes que apuntan a construir entre todos un país cada vez más igualitario, justo e inclusivo. Aún resta mucho por hacer para que se reconozca a las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho, tal como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero esta ley supone un avance significativo en ese sentido y un cambio de paradigma”.
En los últimos años hubo avances fundamentales en la ampliación de derechos para las personas con discapacidad. Entre ellos el más importante fue la aprobación como Ley Nacional, en mayo del 2008, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La sanción de esta ley, que Morgado impulsó como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados durante su mandato como legislador, constituyó un paso adelante para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. En relación al ejercicio de la Capacidad Jurídica, la Convención establece que en lugar de privar a la persona usuaria de los servicios de salud metal de su capacidad legal e instalar un tutor o curador para que cuide sus intereses, tal como ha sido práctica hegemónica en Argentina, deben crearse condiciones que ayuden a que la persona pueda obrar con impulsos propios.
El INADI se involucró fuertemente en el tema, considerando la situación de discriminación de las personas en relación a la salud mental, tanto en el acceso a la atención integral de acuerdo a sus necesidades, como a los procesos de estigmatización que contribuyen a la segregación de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Durante todo este año el organismo impulsó en el Senado la aprobación conseguida ayer y convocó a un equipo de especialistas con los que se conformó el programa Discriminación y Salud Mental. Desde este programa se llevó adelante la tarea articulación con otros organismos públicos nacionales y provinciales y con organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, de personas usuarias y familiares y de profesionales que forman parte del campo de la Salud Mental en Argentina, quienes mayoritariamente apoyaron la sanción esta nueva ley.
El presidente del INADI, Claudio Morgado, uno de los impulsores de la nueva norma, remarcó que “esta ley amplía los derechos y libertades de las personas con discapacidades psicosociales y permite luchar contra la estigmatización social de quienes tuvieron que pasar por un centro de internación o aún permanecen en ellos”.
Su aprobación es producto de un proceso colectivo de trabajo, debate y aportes de muchos actores, incluyendo a organismos de DDHH, asociaciones de usuarios y familiares de personas por la salud mental, asociaciones de profesionales, referentes del campo de la salud mental, los derechos humanos y la justicia nacionales e internacionales, además del trabajo desarrollado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, a cargo de Yago Di Nella.
La ley sancionada ayer “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“La aplicación de esta norma implica mejoras sustanciales en el acceso a la atención integral de la salud mental no sólo para las personas con discapacidades psicosociales, sino también para otros grupos sociales vulnerados, como los adultos mayores y personas en situación de pobreza”, afirmó el presidente del INADI, Claudio Morgado.
Además, agregó que “esta nueva ley amplía el ejercicio de esos derechos y libertades, e implica un avance significativo en la superación de la estigmatización social hacia quienes en algún momento de sus vidas tuvieron que pasar por un centro de internación. Su aprobación se suma a otros avances legislativos y de políticas públicas recientes que apuntan a construir entre todos un país cada vez más igualitario, justo e inclusivo. Aún resta mucho por hacer para que se reconozca a las personas usuarias de los servicios de salud mental como sujetos de derecho, tal como plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero esta ley supone un avance significativo en ese sentido y un cambio de paradigma”.
En los últimos años hubo avances fundamentales en la ampliación de derechos para las personas con discapacidad. Entre ellos el más importante fue la aprobación como Ley Nacional, en mayo del 2008, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La sanción de esta ley, que Morgado impulsó como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados durante su mandato como legislador, constituyó un paso adelante para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad. En relación al ejercicio de la Capacidad Jurídica, la Convención establece que en lugar de privar a la persona usuaria de los servicios de salud metal de su capacidad legal e instalar un tutor o curador para que cuide sus intereses, tal como ha sido práctica hegemónica en Argentina, deben crearse condiciones que ayuden a que la persona pueda obrar con impulsos propios.
El INADI se involucró fuertemente en el tema, considerando la situación de discriminación de las personas en relación a la salud mental, tanto en el acceso a la atención integral de acuerdo a sus necesidades, como a los procesos de estigmatización que contribuyen a la segregación de las personas usuarias de los servicios de salud mental.
Durante todo este año el organismo impulsó en el Senado la aprobación conseguida ayer y convocó a un equipo de especialistas con los que se conformó el programa Discriminación y Salud Mental. Desde este programa se llevó adelante la tarea articulación con otros organismos públicos nacionales y provinciales y con organismos de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, de personas usuarias y familiares y de profesionales que forman parte del campo de la Salud Mental en Argentina, quienes mayoritariamente apoyaron la sanción esta nueva ley.
